EUROsociAL – Buenas prácticas para el desarrollo de los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF). Comprender que el pago de los impuestos constituye una parte esencial de nuestro papel como ciudadanos democráticos, y no una mera obligación dictada por el Estado, requiere de un profundo cambio cultural que no ha sido aun plenamente asumido por el conjunto de la sociedad. A esa falta de compromiso fiscal por parte de ciertos contribuyentes se añaden problemas en el empleo de los recursos públicos recaudados, como la ausencia de transparencia en las instituciones encargadas de gestionarlos o, incluso, el uso inapropiado de dichos fondos. Este conjunto de factores limita la capacidad y el alcance de las políticas públicas para la cohesión social, constituyendo un círculo vicioso que es preciso superar. América Latina pone de manifiesto la situación descrita. A pesar de los avances registrados en los últimos años, la presión fiscal promedio en la región (24,4% del PIB) sigue lejos de la media de la OCDE (31,2%)1 . A esto se añaden el fraude fiscal2 y la corrupción3 , problemas que erosionan los recursos disponibles para el desarrollo y generan desequilibrios en el contrato entre el Estado y los ciudadanos. El sistema tributario de los países de la zona muestra además un marcado carácter regresivo, con énfasis en los impuestos indirectos. Los Estados latinoamericanos necesitan ser eficaces en la detección y corrección del fraude, teniendo en cuenta que el único mecanismo de actuación no puede ser el coercitivo, sino que es imprescindible mostrar una ‘cara amable’ al contribuyente y facilitarle, en la medida de lo posible, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Las administraciones fiscales son conscientes de que se requiere la colaboración ciudadana y mucha pedagogía. En este contexto, es importante considerar que el acceso a la información y a unos servicios públicos de calidad, fundamental en el perfeccionamiento de la democracia, aún encuentra barreras en Latinoamérica. Barreras que no se restringen a la cuestión económica, sino que también están vinculadas a dificultades sociales, culturales y educativas. En el ámbito fiscal, dichas barreras son más acentuadas, especialmente en razón de la complejidad que es inherente a los sistemas tributarios. Sin embargo, la complejidad afecta de forma diferente a los distintos grupos sociales. Mientras que una parcela de la sociedad tiene acceso a la información y a la contratación de profesionales especializados, los menos favorecidos encuentran dificultades para costear los servicios de las oficinas contables o aclarar sus dudas a través de los canales oficiales de las Administraciones tributarias, lo que acaba por generar una desigualdad real en la obtención de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes fiscales. (JAUME BLASCO).

 

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