Considerando que es importante consolidar la política fiscal y la administración tributaria para movilizar mejor los recursos nacionales en beneficio de nuestros ciudadanos, proporcionando a los gobiernos los recursos e instrumentos necesarios para alcanzar nuestros respectivos objetivos de desarrollo y el mantenimiento del crecimiento económico a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible; Considerando que los países de América Latina se enfrentan a importantes desafíos con respecto a la recaudación fiscal, ya que muchos países poseen una proporción de impuestos en el PIB significativamente inferior a la media de la OCDE del 34,3 %; con una proporción media en América Latina y el Caribe del 22,7 %, inferior en más de diez puntos; Considerando que la Agenda de Acción de Addis Abeba de las Naciones Unidas afirmó la necesidad de redoblar los esfuerzos para reducir sustancialmente los flujos financieros ilícitos para 2030, con el objetivo de eliminarlos eventualmente, incluyendo la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción a través de una regulación nacional reforzada y una mayor cooperación internacional; Considerando que los esfuerzos para afrontar los flujos financieros ilícitos pueden mejorarse adoptando una perspectiva del gobierno en su conjunto, como se refleja en el Diálogo de Oslo de la OCDE y se describe más detalladamente en las publicaciones Fighting Tax Crime: the 10 Global Principles («Lucha contra la delincuencia fiscal: los diez principios globales»); Effective Inter-Agency Co-Operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes («La cooperación interinstitucional efectiva en la lucha contra los delitos fiscales y otros delitos financieros») y Improving Co-operation between Tax Authorities and Anti-Corruption Authorities in Combating Tax Crime and Corruption («Mejora de la cooperación entre las autoridades fiscales y las autoridades anticorrupción en la lucha contra la delincuencia y la corrupción»); Considerando que el hecho de afrontar la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros es de vital importancia para mejorar la confianza pública en las instituciones estatales, asegurar una distribución justa y equitativa de la carga financiera asociada con el suministro de bienes y la prestación de servicios públicos y lograr una recaudación fiscal sostenible; Considerando que la comunidad internacional ha identificado pasos importantes que pueden mitigar la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros; Considerando que se ha logrado un progreso sin precedentes en la promoción de una mayor transparencia fiscal y el intercambio de información en la última década con el apoyo del Foro Global y otras plataformas internacionales; (…)
